¿A qué edad está bien que metamos presos a los chicos?

Por Sandro Centurión

    Cada tanto, como una fiebre que vuelve cuando baja la temperatura política, regresa el tema de los menores que delinquen y la cuestión de la edad de imputabilidad, o lo que es lo mismo: ¿a qué edad está bien que metamos presos a los chicos?

¿A los 16?¿a los 15? no, mejor a los 14. Y si arrancamos a los 13. Mejor 12. 11 y no se habla más. Yo me juego a los 9 qué tanto...

Parece que no hay tiempo suficiente ni voluntad política para analizar o entender la complejidad del problema.

Hagamos, un intento rápido de pensar con apenas el recurso intelectual más básico: pensar en las causas de un problema: ¿Por qué delinquen los chicos?

La respuesta ya la conocemos: los chicos delinquen porque no hay castigo. Porque “no pasa nada”. Y esto se repite en estudios de televisión a las tres de la tarde, se grafica con placas rojas y se responde rápido. Demasiado rápido. Y como a toda respuesta simple le corresponde una solución igual de simple, aparece entonces la receta mágica que se desprende del razonamiento de esa causa. Si el problema es que no hay castigo entonces pongamos castigo(con lo que le gusta castigar a este gobierno) De ahí la idea de bajar la edad de imputabilidad. Listo. Problema resuelto. O al menos eso promete el discurso. (Ojo que no sólo a este gobierno se le ocurrió está solución mágica)

Ahora bien, probemos algo raro en estos tiempos: pensar un poco más. Cambiar el foco de la pregunta sin salirnos del terreno de las causas. Si el diagnóstico fuera correcto —si la falta de castigo fuera la causa— entonces deberíamos tener una avalancha de delincuencia infantil. Cientos de miles de chicos y chicas menores robando, matando, incendiando lo que se cruce, total “no pasa nada”. Pero no. Las estadísticas muestran que menos del 1% de los chicos en centros urbanos cometen delitos, y en zonas rurales el número es todavía menor. Es decir: la enorme mayoría no delinque, aun cuando —según el relato oficial— podrían hacerlo sin consecuencias.

Entonces la pregunta incómoda aparece sola: Si no hay castigo, ¿por qué no delinquen todos? O mejor todavía: ¿Qué hace que la mayoría de los chicos no delincan?

Y ahí el discurso punitivo empieza a transpirar. Porque la respuesta ya no entra en un zócalo de TV ni en un tweet. La respuesta es compleja, molesta y sobre todo cara.

La respuesta a esa pregunta incómoda habla de familia, de comunidad, de escuela, de vínculos, de oportunidades, de expectativas, de futuro. Habla de desigualdad estructural, de territorios abandonados, de adultos ausentes, de Estados que llegan tarde o no llegan nunca. Habla, sobre todo, de que el problema no es jurídico sino social y educativo.

Reducir la discusión a premios y castigos no solo es intelectualmente pobre, es una forma elegante de correrse del problema. Cambiar la pregunta por una ley es más cómodo. Más barato. Más rápido. Mucho más rentable políticamente que invertir en educación, salud mental, políticas de cuidado o inclusión real.

Porque aceptar que la mayoría de los chicos no delinquen implica reconocer que la conducta no se explica sólo por el miedo a la pena, sino por algo bastante más profundo como el sentido de pertenencia, el lugar que cada chico siente que ocupa (o no) en la sociedad.

Pero claro, eso obliga a mirar lo que incomoda. Obliga a preguntarse por qué algunos chicos crecen sabiendo que el futuro no los espera. Obliga a admitir que hay infancias descartables. Y obliga, también, a aceptar que bajar la edad de imputabilidad no previene el delito, eso sí, ordena mejor a quién castigar.

Deberíamos estar discutiendo por qué fallamos como sociedad, en lugar de discutir cuántos años menos le ponemos a un código penal. En lugar de pensar cómo incluir, pensamos cómo encerrar antes.

Y así, mientras bajamos edades en los papeles, seguimos subiendo la desigualdad en la vida real.

Tal vez la pregunta no sea por qué delinquen los chicos, sino por qué insistimos en creer que el castigo reemplaza a la política social. O, dicho de otro modo: por qué nos resulta tan fácil endurecer leyes y tan difícil garantizar derechos.

Pero esa ya no es una pregunta cómoda.

Y las preguntas incómodas, se sabe, no suelen tener respuesta.